Entre las principales conclusiones, el informe señala que, aunque el riesgo estaba identificado y existían mapas de riesgo y sistemas de alerta temprana, surgieron dificultades en la activación de los mecanismos de coordinación y movilización preventiva, lo que redujo la efectividad de la respuesta en las primeras horas. Esto subraya la necesidad de reforzar la coordinación entre las administraciones y mejorar los protocolos operativos en emergencias.
También destaca que las infraestructuras críticas de algunas zonas afectadas, especialmente las de drenaje urbano, no fueron capaces de soportar la magnitud de las lluvias, lo que evidencia la urgencia de avanzar hacia una planificación más integrada y adaptada a las condiciones locales, sobre todo en un contexto de crecientes amenazas climáticas.
«Hace falta poner en marcha simulacros para inundaciones» apunta Daniel Millor, coordinador de Asertos y Premio Princesa de Asturias Social 2024.
Además, el informe resalta el papel fundamental que tuvo la ciudadanía durante la emergencia, mediante redes vecinales y comunitarias que actuaron con rapidez y solidaridad. Sin embargo, esta acción no estuvo siempre coordinada con los dispositivos oficiales, lo que requiere mejorar la colaboración entre la acción ciudadana y las instituciones.
En este sentido, el informe subraya que la gestión de los riesgos climáticos debe ir más allá de la reacción ante los eventos, y que es necesario anticiparse con una planificación efectiva y la integración de criterios de resiliencia en todos los niveles. Con ese fin, la recuperación tras eventos como la DANA debe ser inclusiva y anticipada, garantizando que los mecanismos de ayuda sean transparentes, accesibles y equitativos, sobre todo para los sectores más vulnerables.
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Imágenes: © Alberto Pla
